En Jalisco, 84 de cada 100 habitantes perciben que su administración y sus servidores públicos son corruptos y 95 por ciento considera que la corrupción es una práctica frecuente en la entidad, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013, realizada por el INEGI. A nivel nacional, esos números no son muy diferentes. 88.3 por ciento de la población cree que la corrupción es frecuente, sobre todo en las áreas de seguridad ciudadana (89.7 por ciento), los partidos políticos (84.4 por ciento) y el ministerio público (78.4 por ciento), mientras que la tasa de incidencia de corrupción (en hechos concretos) es de 24 mil 724 por cada 100 mil personas. La corrupción, ese mal tan arraigado en el país, ocupa además el tercer lugar de los asuntos que más preocupan a los mexicanos, detrás de la inseguridad y el desempleo, lo que demuestra la gravedad del problema. Los resultados de la encuesta no hacen más que poner de manifiesto el alto nivel de desconfianza que existe entre los ciudadanos y sus gobernantes. Ya podrá haber funcionarios honestos y administradores confiables, la sospecha de la corrupción caerá también sobre ellos. Confesémoslo, todos conocemos de primera mano un caso de corrupción, pero lo peor no es eso, sino que los mexicanos demos por sentado que es una característica natural del sistema con la cual tendremos que lidiar toda la vida. En el fondo, la corrupción (un problema que existe incluso en los países de primer mundo, aunque en menor grado) es producto de un largo historial de administraciones e instituciones ineficientes, opacas y no una cuestión cultural. Afortunadamente, los ciudadanos tenemos cada vez más instrumentos para vigilar el poder y exigir gobiernos honestos, transparentes y que rindan cuentas. Por otra parte, los gobiernos municipales y estatales, saben ahora que ninguna campaña de publicidad podrá cambiar la percepción de la población respecto a sus problemas y reconocerán que el mejor blindaje contra la corrupción radica en la construcción de gobiernos eficaces.