8 de junio del 2016.

El Senado pospuso nuevamente la dictaminación en comisiones de las leyes anticorrupción.

Los legisladores habían sido citados para este jueves, a las 9:00 horas, con la finalidad de iniciar la discusión formal y, en su caso, votar los proyectos.

Sin embargo, esta noche, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, informó a la Mesa Directiva del Senado que la reunión se pospondrá hasta el próximo lunes 13 de junio, a las 13:00 horas.

La decisión implica que el proceso formal iniciará hasta que arranque de manera formal el periodo extraordinario, convocado justamente para esa fecha.

"Sirva el presente conducto para informar a usted que la reunión en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda; que tendría verificativo el día 9 de junio del presente, será diferida para celebrase el lunes, 13 de junio próximo, a las 13:00 horas", señala el oficio, recibido a las 7:26 horas de este miércoles.

Los senadores tienen pendiente la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativo.

Además, también está pendiente la dictaminación de reformas al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la PGR, para crear la Fiscalía Anticorrupción.

Esta noche, las bancadas del PRI y PAN realizan reuniones plenarias para discutir cuál será la posición que llevarán a la reunión de comisiones unidas.

Los legisladores del tricolor se encuentran reunidos en un hotel del Centro Histórico, mientras que los panistas mantienen una encerrona en sus oficinas de la Torre Azul, frente al Senado.

En el orden del día de la sesión de comisiones del próximo 13 de junio está contemplada la participación de los ciudadanos que impulsan la Ley 3de3, para obligar a funcionarios a publicar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos.

Sin embargo, el dictamen publicado mantiene la versión "rasurada" de la Ley 3de3, ya que sigue dejando a voluntad de los funcionarios el hacer públicos los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en sus declaración patrimonial.

"Sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público, de conformidad con lo previsto por el artículo 6º de la Constitución, así como por las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso de la Información Pública y demás aplicables", se indica.

Además, también se incluye el "candado" para que los funcionarios incluyan la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, sólo cuando éstos otorguen autorización expresa.