De acuerdo a datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) -por sus siglas en inglés- en nuestro país, 62% de los menores sufre algún tipo de maltrato; siete de cada 10 jóvenes toleran diversos niveles de violencia en el noviazgo, y poco más del 10% de estudiantes en educación secundaria, ha padecido agresión física en la escuela; 16% violencia emocional y 5% ha sido víctima de violencia sexual.

 

"Durante los últimos años, México se ha enfrentado a un crecimiento de la violencia infantil. No hay prueba alguna de que estas tasas estén disminuyendo hoy en día, lo que nos muestra ciertos indicadores de que los niños están desarrollándose y creciendo con un modelo de violencia a su alrededor, cada vez más normalizado por ellos, así como por nosotros los adultos", denunció Laura Perusquia Carreras, presidenta de la asociación Sincerarse.

 

Aunque el pasado 19 de noviembre se conmemoró el Día mundial para la prevención del abuso contra los niños, el Estado mexicano sigue teniendo un gran adeudo con este grupo poblacional, pues según la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa actualmente, el primer lugar en abuso sexual infantil.

 

En este contexto, es evidente que el gobierno de Peña Nieto viola la Convención sobre los Derechos de los Niños que en su artículo 19 establece que es obligación de los Estados, adoptar "todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo".

 

Norma Martínez, diputada federal del Partido Encuentro Social (PES), apuntó que datos estadísticos señalan que una de cada cuatro niñas, y uno de cada seis niños, vivirán abuso sexual antes de cumplir la mayoría de edad y que el 90% de las agresiones a los infantes son cometidas por algún familiar, o alguna persona cercana a la familia.

 

"La pobreza, la desnutrición, la falta de atención en materia de salud, el trabajo infantil, la violencia, los rezagos educativos y dolorosamente el abuso y explotación sexual nos muestran además, que no hemos sido capaces de garantizarles el pleno acceso y respeto a sus derechos fundamentales; como sociedad, como gobierno y como representantes, hemos fallado en nuestra responsabilidad de cuidarlos y protegerlos", reconoció la diputada de Nueva Alianza (NA), Carmen Campa Almaral.

 

La también legisladora federal, María Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano (MC), lamentó que en la pasada discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, la Secretaría de Educación Pública (SEP), y en particular su dirección de Igualdad de Género, haya sufrido considerables recortes respecto a los ejercidos en este año fiscal, pues afirmó que es desde las prácticas educativas, culturales y familiares que se deben impulsar los cambios.

 

El perredista Rafael Hernández Soriano, manifestó que "vemos con mucha preocupación que, de acuerdo a cifras de la UNICEF, se presenten agresiones contra cuatro menores, por lo menos cada minuto, tan solo en América Latina; de estos, tres son niñas y la mayoría, de acuerdo a la misma institución, no logrará recuperarse de este trauma".

 

Julieta Fernández Márquez, alertó respecto a los altos niveles de mortalidad infantil por maltrato, derivado de la negligencia de sus familiares y agregó que el 85% de las muertes por maltrato, son clasificadas por los Ministerios Públicos como accidentales. La mayor incidencia y mortalidad, se registra en menores de tres años.

 

Únicamente el 1% de los casos de infantes que llegan al hospital con algún signo de maltrato, son referidos a la autoridad.