La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentó el lunes pasado un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, en contra la votación secreta que se llevó a cabo el pasado 15 de julio en la que nuevamente se rechazó por mayoría el dictamen para reformar la Constitución del Estado para hacer posible el matrimonio igualitario, y por negarse a someter a votación que este sufragio sea nominal como propuso esta bancada.

En rueda de prensa la diputada Silvia López Escoffié señaló que este amparo es en contra de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán y de su presidente Enrique Castillo Ruz, ya que violó la ley de Gobierno del Poder legislativo al extralimitarse de sus facultades, al imponer una votación secreta.

López Escoffié destacó que la votación por cédulas únicamente debe ser para la elección de personas en puestos de algún órgano de gobierno, y bajo ninguna circunstancia debía ser por una reforma constitucional.

Indicó que no había justificación para que esta votación se llevara de nueva cuenta de manera secreta, ya que la vez pasada la excusa fue que se estaba agrediendo y confrontando a los diputados que manifestaban su rechazo a esta iniciativa, sin embargo en esta ocasión no se dio esa situación. "Lo realizado fue ilegal e inconstitucional, toda vez que la mesa directiva no se baso en una ley que diera fundamento para imponer este tipo de votación. Y lo hizo con total conocimiento porque nosotros le informamos de esta situación" manifestó.

Por su parte, la diputada Milagros Romero Bastarrachea destacó que incluso otros diputados señalaron que no procedía la votación por cédula, ya que no se presentaron amenazas ni agresiones como ocurrió la primera vez que esta iniciativa se sometió a discusión. "Este acto fue una clara violación a nuestros derechos como diputadas, ya que Castillo Ruz debió someter a votación nuestra propuesta de que el sufragio sea por la vía nominal; hicieron caso omiso a nuestras manifestaciones sin fundamentos ni motivos" subrayó.

Romero Bastarrachea explicó que en caso de que este amparo proceda, se podría ordenar la reposición de la votación, y esta deberá ser abierta. El Poder Judicial de la Federación en Yucatán tiene de 5 a 10 meses para dar una respuesta.

La legisladora local dijo que este amparo crea un precedente histórico en Yucatán, de que ningún presidente de la mesa directiva vuelva a manipular la ley, aplicando un criterio personal, "lo que se busca es que los legisladores estén apegados a derecho y no vuelvan a comer actos que violen la legislación".

Finalmente, resaltó que la defensa de los derechos humanos es prioridad para Movimiento Ciudadano, por lo que seguirán adelante con esta lucha, hasta llegar a las últimas instancias.