14 de enero de 2019

• También clarifican el tipo penal, para evitar que el supuesto desconocimiento del origen robado del animal libere de cargos a los involucrados en su aprovechamiento

Convencidos de que el campo debe ser una prioridad para lograr que el sector agrícola de Jalisco sea el más productivo y competitivo del país, los legisladores del Grupo Parlamentario de  Movimiento Ciudadano impulsan reformas al Código Penal del Estado, para responder a los reclamos por el robo, adquisición y usufructo de cabezas de ganado de procedencia ilegal.

En sesión del Pleno del Congreso, los legisladores ciudadanos Héctor Pizano Ramos y Jesús Cabrera Jiménez presentaron una iniciativa para incrementar las sanciones penales y económicas por el delito tipificado como abigeato.

Las penas corporales propuestas para quien esté involucrado en el robo de una o más cabezas de ganado son de dos años como mínimo y 7 años como máximo, y las multas van de los 506.94 pesos a 7,604 pesos (según su equivalente en Unidades de Medida y Actualización).

Además, esta iniciativa clarifica el tipo penal, con lo que se elimina la posibilidad de que, por un supuesto desconocimiento del origen legal del animal o sus derivados, se exima de sanciones a los involucrados en su aprovechamiento.

Con esta propuesta de reforma al Código Penal del Estado, la bancada ciudadana abona a los acuerdos tomados en la Mesa de Seguridad que encabeza el gobernador Enrique Alfaro Ramírez para inhibir el abigeato, un problema desatendido durante años, y que el Gobierno del Estado busca combatir.

Y se continúa reforzando la visión que tiene el Poder Ejecutivo entorno a impulsar acciones a favor del sector agrícola y ganadero, tal como se hizo al  fortalecer a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la asignación del presupuesto para 2019, con más de mil 727 millones de pesos, casi triplicando lo asignado en 2018.

El dato:

Sanción vigente: Uno a seis años de prisión y multa de 4 a 80 veces el valor diario de la UMA (337.96 a 6,759.2 pesos).

Sanción propuesta: dos a siete años de prisión y multa de 6 a 90 veces el valor diario de la UMA (506.94 a 7,604 pesos).