El tercer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto será recordado por una marcada contracción económica, derivada, sobre todo, de la caída de los precios del petróleo y de la devaluación del peso, así como por la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del penal de máxima seguridad del Altiplano.

 

Fueron meses también en los cuales los ecos y repercusiones de acontecimientos dramáticos y revelaciones difundidos en 2014 tuvieron fuerte impacto en la sociedad.

 

En el primer caso está la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, aún sin esclarecerse, en el cual el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, coadyuvante en la investigación, ha sido autorizado para permanecer hasta abril próximo, con el fin de que se resuelvan los hechos de manera total.

 

En el segundo está la conocida Casa Blanca, que adquirió la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, en una operación en la cual, se presumió, hubo conflicto de intereses, pero a la postre fue declarado inexistente por la Secretaría de la Función Pública.

 

Sin ser explícito, el mismo Peña Nieto asumió éstos como sucesos lamentables que generaron molestia e indignación, en los que, dijo, el jefe del Ejecutivo estuvo involucrado. En el escenario montado para el mensaje por su tercer Informe de gobierno habló del difícil lapso -12 meses- transcurrido hasta el pasado 2 de septiembre.

 

En este tercer año hubo sucesivos recortes a las expectativas de crecimiento económico, hasta dejarlo en apenas 2.25 por ciento. El peso se ha devaluado más de 25 por ciento, las reservas internacionales están en su nivel más bajo desde 2003 -173 mil 151 millones de dólares- y el precio del barril de petróleo, al cierre de este recuento, se ubicaba apenas en la frontera de los 30 dólares.

 

Como los anteriores gobiernos federales a la mitad de los sexenios, el de Peña Nieto porfía en el optimismo y en sus mensajes públicos reitera el logro de tener actualmente la menor tasa anual de inflación en la historia (2.48 por ciento a octubre pasado), un marcado crecimiento del mercado interno y el número más alto de creación de empleos formales, en comparación con los 12 años de gobiernos surgidos del Partido Acción Nacional (un millón 614 mil hasta octubre). Además, los ingresos tributarios contribuyen ya con 13.6 por ciento del producto interno bruto (PIB).

 

Frente a un contexto de crisis financiera mundial y de alta volatilidad, el jefe del Ejecutivo -militante del Partido Revolucionario Institucional- ubica a México en todos los escenarios donde se presenta, dentro y fuera del país, con sólidos fundamentos macroeconómicos, una deuda externa manejable (el reporte más reciente la calcula en 9 billones 380 mil millones, monto equivalente a 51.9 por ciento del PIB), creciente inversión extranjera directa (más de 82 mil millones de dólares) y un ambicioso programa nacional de infraestructura en marcha, pese a la complicada y polémica cancelación del plan para construir el tren rápido México-Querétaro.

 

Pese a ello, Peña Nieto no se ha abstenido de hacer comparaciones: Hay países a los que les ha ido peor, aseveró a principios de agosto.

 

La tónica de los mensajes institucionales difundidos en semanas recientes, a propósito de su tercer año de gestión, es: hay logros y las reformas estructurales comienzan a dar resultados, a verse reflejadas en los bolsillos de los mexicanos.

 

Si bien uno de esos promocionales fue retirado de inmediato, porque -admitió la Presidencia- muchos ciudadanos se sintieron agraviados con la expresión "ya chole con tus quejas", precisamente para aludir a quienes no ven avances a partir de las acciones, el gobierno federal no cesa en su proclama: ya no se cobra larga distancia en llamadas telefónicas, ya no sube cada mes el precio de la gasolina, ha disminuido el costo de la electricidad y se han ampliado los créditos -número y monto- del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

 

Pese a tener con sus partidos aliados la mayoría en el Congreso, el mandatario no ha logrado que se aprueben importantes leyes en materia de anticorrupción y seguridad. Tampoco avanza la creación de la secretaría de cultura, y la iniciativa enviada para conformar en el sureste tres zonas económicas especiales.

 

Este tampoco ha sido un año fácil en materia de seguridad. La estadística oficial sobre reducción de índices delictivos, homicidios (25 por ciento), extorsiones (17 por ciento), secuestros (32 por ciento) y robo (10 por ciento), se eclipsa frente a hechos ocurridos este 2015.

 

Entre éstos, los más graves, están el ataque, el primero de mayo, por el cártel Jalisco nueva generación, con el cerco y virtual parálisis de varias ciudades de ese y otros estados circunvecinos, donde en un hecho sin precedente fue derribado, con un lanzacohetes, un helicóptero militar, lo que dejó saldo de 10 uniformados muertos.

 

Ese mes, en un rancho de Tanhuato, Michoacán, murieron 42 sospechosos de haber participado en ese ataque, hecho presentado por la Policía Federal como un enfrentamiento.

 

Frente a este panorama y otros elementos de la realidad nacional, como la contundencia del incremento de 2 millones de pobres en estos tres años, la administración del Presidente debió responder a los señalamientos públicos sobre evidentes fallas en su equipo de trabajo.

 

Ocurrió así, a finales de febrero, la remoción del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, primer encargado de aclarar los sucesos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

 

A finales de agosto el mandatario realizó el primer movimiento de amplio espectro en su gabinete. Destacó el relevo del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, hasta entonces responsable de poner en marcha la reforma en la materia. Lo sustituyó quien era jefe de la Oficina de la Presidencia: Aurelio Nuño.

 

Parte de la readecuación de la estructura gubernamental ocurrió en las secretarías de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Sedatu, Agricultura, Turismo y Medio Ambiente, así como en la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en la Oficina de la Presidencia.

 

Con esos cambios Peña Nieto realizó además la tercera designación en dicho periodo: del comisionado nacional de Seguridad. Nombró a Renato Sales en lugar de Monte Alejandro Rubido, el funcionario de mayor rango removido a raíz de la fuga de El Chapo Guzmán.