En Sonora, la situación del desastre ecológico desatado por la muy posible negligencia de Grupo México en el manejo de los residuos de la mina Buenavista del Cobre, ha afectado a más de 20 mil habitantes de siete municipios, Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe, Bacoachi y Cananea. Quienes han sido también víctimas de la opacidad del Gobierno Federal y Estatal en cuanto a la información que ronda respecto a los daños que pueden ocasionar las sustancias vertidas al Río Sonora.

La minería es una de las actividades con mayor tradición en el país, por lo tanto, una de las que más debieran ser reguladas y que, por el uso de las sustancias tóxicas que se utilizan, una de las que debieran estar más vigiladas por el Estado, con la finalidad de evitar desastres como los que hoy en día se viven en los Estados de Durango y Sonora.

México cuenta con distintas empresas mineras, siendo estas un aproximado de 60% de empresas mexicanas y 40% de empresas extranjeras, asentadas en Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Durango e Hidalgo.

Esta actividad económica es la que mayor impacto ambiental produce, ya que durante sus procesos de extracción utilizan materiales residuales que pueden desencadenar en la extinción de los ecosistemas que rodean a las minas. La extracción de los minerales se puede llevar a cabo por vía subterránea o a cielo abierto, dependiendo del mineral a extraer, siendo la subterránea la que mayor impacto ambiental tiene.

Por lo anterior, es obligatorio para el Estado llevar a cabo la vigilancia a la que está obligado respecto a las medidas de seguridad que las compañías mineras deben aplicar, las substancias como el ácido cianúrico, aluminio, cobre, niquel y otros más que se utilizan para la extracción de los minerales son, por demás decirlo, peligrosas para la salud de los seres humanos.

La excavación de grandes rocas subterráneas con minerales reactivos producen grandes cantidades de ácido sulfúrico, aunado a las grandes cantidades de químicos que se utilizan para la obtención del mineral, por desgracia hoy en México, hemos corroborado que los desechos de las presas de lejas con sus lixiviados son vertidos directamente a los ríos, lagos o lagunas ocasionando lo que hoy padecen los estados de Durango y Sonora, un grave deseastre ecológico que conlleva, además el riesgo de enfermedades para las poblaciones cercanas.

En los primeros 80 kilómteros se detectó la presencia de metales no aptos para el consumo humano. 

La falta de aplicación de la Ley Minera por parte de la Secretaría de Economía, quien conforme a la misma ley tiene la obligación de SUSPENDER sus actividades ante casos como el desastre ambiental y afectación a la población, deja en claro, que para el gobierno de la República la gente es lo menos importante, es una necesidad que se inicien los procedimientos administrativos en contra de todos aquellos servidores públicos obligados a vigilar que Grupo México y la Mina Proyecto Magistral cumplieran con los más mínimos requerimientos de seguridad, que brinden a los duranguenses y sonorenses la tranquilidad necesaria.

Por palabras de los habitantes de las cercanías a la mina Buenavista del Cobre, se hace patente que ninguna autoridad ni los responsables de la empresa han hecho saber las medidas que deben tomarse, aclarando, por parte de uno de ellos, que únicamente les avisaron que por favor se apartaran del agua del río porque no se puede tomar.

Es imperante que se declare el desastre natural en las zonas de Durango y Sonora, que los habitantes sean informados de la situación que prevalece en sus tierras, el pago por daños y perjuicios ocasionados a cada uno de ellos, así como resarcir el daño, tanto social, económico y ambiental.

Gobierno y empresas no pueden seguir evadiendo sus responsabilidades, Grupo México fue negligente en cuidar sus medidas de seguridad, pero el Gobierno incumplió con su obligación de vigilar las instalaciones mineras, a través de las visitas de inspección a las que están obligados conforme a la Ley Minera, lo que conllevó a esta situación, que pone en riesgo el bienestar de tantos mexicanos, ya que el derrame contenía metales pesados como aluminio, arsénico, fierro y níquel en niveles por encima de la norma, los cuales ya alcanzan más de 200 kilómetros en el cauce de este río. En el caso de aluminio se encontraron 1.78 miligramos por litro, cuando el límite permitido son 0.02.

Redacción: Rosa Emilia Porras Lara