Desde el micrófonogubernamental insistentemente se divulga que México es uno de los países de la OCDE con menor tasa de desocupación y que la diferencia es considerable, lo que, a juicio de los voceros oficiales y oficiosos, confirma que en materia de empleo vamos por el rumbo correcto. Sin embargo, y aunque parezca un simple juego de palabras, el propio Inegi, encargado de tal medición, deja en claro que sus indicadores sólo cuantifican la desocupación, pero no el desempleo.

Entre una y otro existe una gran diferencia, no sólo conceptual sino numérica, y por ello el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM detalla que en el México oficial se reconocen alrededor de 2.7 millones de desocupados, cuando en la realidad existen casi 9 millones de desempleados, lo que ubica a nuestro país entre las naciones con mayores tasas de desempleo.

En su más reciente reporte de investigación (La geografía y magnitud del desempleo en México. Desempleo y menos paga por jornadas laborales más largas: resultados a dos años de la reforma laboral), el CAM detalla que la tasa de desocupación que mes tras mes publica el Inegi no mide el desempleo (y así lo asume el instituto), de tal suerte que la información que divulga sobre la realidad laboral del país se queda trunca. En cambio, la tasa de desempleo responde a parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (con la que el gobierno mexicano tiene compromisos firmados) y permite documentar la magnitud y la geografía de todos aquellos que, fuera del mercado del trabajo, viven una situación muy distinta a la dibujada en el discurso oficial.

Con base en lo anterior, y bajo los parámetros de la OIT, el Centro de Análisis Multidisciplinario advierte que en México la población desempleada (tercer trimestre de 2014) suma 8 millones 735 mil 356 personas, casi el triple de la población desocupada que el Inegi reconoce en su medición (2 millones 746 mil 235 en igual periodo), con lo que la tasa real de desempleo en el país es de 14.9 por ciento, contra una tasa de desocupación oficial cercana a 5 por ciento. La diferencia entre una y otra medición es cercana a 6 millones de mexicanos.

El CAM explica que para medir la tasa de desocupación el Inegi sólo toma en cuenta a la población desocupada que se encuentra dentro de la población económicamente activa, y no a la población disponible, que es aquella que aunque está en edad y condición de trabajar no tiene empleo, y no lo busca porque ya se cansó de hacerlo o porque no cree encontrarlo. Así, simplemente se le contabiliza dentro de la población no económicamente activa, clasificación que también incluye a la población no disponible (no interesada en incorporarse al mercado laboral) y no cuenta en la medición de los desocupados.

En contraste, los parámetros de la OIT incluyen a la población desocupada y a la disponible en el armado de la tasa de desempleo, de tal suerte que, con base en ese criterio, ésta última afecta a casi 14.9 por ciento de los mexicanos económicamente activos y no a 5.2 por ciento como lo mide el Inegi. Por ello, subraya el CAM, diferenciar las tasas de desocupación y de desempleo es indispensable para conocer la realidad laboral del país, pues hoy en día la mayoría de los discursos políticos toman a la tasa de desocupación como si fuera la tasa de desempleo, con lo que sólo se oculta una gran parte de la población que se encuentra desempleada y la gravedad del problema del desempleo se evade.

La citada es la tasa de desempleo nacional, pero existen estados de la República con indicadores aún mayores, como en los casos de Durango (21.3 por ciento), Zacatecas (20.3), Sinaloa (19.7), Nayarit (19.3), Tlaxcala (18.7), Morelos (18.3), Veracruz (17.5) y Puebla (17.1). Con la medición de la OIT, Guerrero aparece como el estado con menor tasa de desempleo: 6.1 por ciento, tal vez porque la mayoría de los guerrerenses en edad y condición de laborar se encuentra exiliada o en fosas clandestinas.

A dos años de su aprobación, subraya el CAM, "es indudable que la reforma laboral no ha traído beneficios a los trabajadores de la ciudad y el campo. Los empleos prometidos y que se usaron como discurso, propaganda y bandera para llevarla adelante no se generaron; los casi 9 millones de desempleados es algo que el gobierno no debe seguir ocultando. Por otra parte, el deterioro en la población ocupada, con jornadas laborales más largas y menor paga por su trabajo, en los hechos sólo representa un beneficio para el capital que la emplea y una clara ofensiva hacia la población trabajadora y sus familias. Entonces ¿al servicio de quién están estas leyes y los gobiernos que las promueven?

Transcurrido ese tiempo, el mercado del trabajo mantiene altos niveles de desempleo, mientras la población ocupada muestra una tendencia a padecer mayores niveles de explotación. Ello no hace más que marcar la continuidad de una política laboral que precariza cada vez más a las clases trabajadoras, independientemente del partido que se encuentre en el gobierno.

Del cuarto trimestre de 2012 al tercero de 2014 la población ocupada creció en 626 mil personas, mientras al hacer dos segmentos de acuerdo con la duración de la jornada laboral, los que trabajan menos de 35 horas a la semana disminuyeron 800 mil y quienes trabajan 35 horas o más crecieron 983 mil. Lo anterior significa que las jornadas laborales se extendieron en el transcurso de estos dos años de reforma laboral. Por otra parte, al hacer un comparativo similar en el nivel de ingresos, quienes obtienen de cero a tres salarios mínimos se incrementaron en 818 mil personas y los que tienen ingresos superiores a tres salarios mínimos se redujeron en 773 mil, por tanto, los ingresos de la población ocupada se redujeron, apunta el CAM.

El aumento en la jornada laboral no se traduce en mayores ingresos, al contrario, disminuyen los ingresos nominales por más horas de trabajo. Si a lo anterior se le suma la increíble reducción del poder adquisitivo (de 78.66 por ciento de 1987 a la fecha), entonces la reforma laboral legalizó la cancelación de cualquier intento de dignificar la vida de la clase trabajadora del campo y la ciudad al reducir sus salarios por la vía ya no sólo real sino incluso nominal.

Las rebanadas del pastel

La afilada tijera presupuestal del ministro del año (el mismo que desechó efectos negativos por la caída de los precios petroleros) comenzó su chamba por Pemex y la CFE, es decir, las empresas productivas del Estado que generarían multimillonarios ingresos para mover a México... Y el dolarito a 15.05 bilimbiques.