Avalan austeridad
Los diputados del Congreso se apretaron el cinturón.
Gastos médicos, seguros de vida, facturas de telefonía móvil, vales de gasolina, casas de enlace o apoyos a grupos parlamentarios quedarán prohibidos.
Por unanimidad, con 30 votos a favor, se aprobó ayer en sesión extraordinaria el Reglamento de Austeridad y Ahorro del Congreso del Estado de Jalisco.
Quien quiera azul celeste, que le cueste, tendremos que apretarnos el cinturón y cualquier erogación adicional que se haga, llámese alimentos, fiestas, rifas, pachangas, no las pagará el Congreso.
Desde la comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, explicó que el reglamento surgió de una propuesta en conjunto de 2 fracciones en el Congreso, que establece que lo único que se subsidia es la papelería para las tarjetas de presentación.
No podrá adquirirse ni vehículos ni mobiliario de lujo, tendrán que ser austeros, así mismo se señala que los vehículos con los que cuenta el Congreso no podrán utilizarlos ni el secretario general ni los diputados ni los directores de área, únicamente para servicio del área administrativa.
Para que esto se cumpla, se indica, los vehículos deberán portar calcomanía con número para quejas, ya que no se podrán utilizar fuera de los horarios de trabajo.
El reglamento también prohíbe los secretarios privados, excepto cuando se demuestre que se cuente con la solvencia o el presupuesto suficiente para sostenerlo, además los foros o consultas que se realicen en el Congreso deberán ser con los montos ya asignados.
La política de ahorro también incluye reducción de uso de papel y agua.
"Ronda alrededor de un ahorro presupuestal de 50 millones de pesos, en lo que va del año, quitando todas estas prestaciones que al día de hoy se tendrían por ley quedar fuera".
Si algún diputado incumple con este reglamento podrán ser acreedores a alguna sanción que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que van desde un apercibimiento, suspensión del cargo sin goce de sueldo, de tres a treinta días laborables, destitución o inhabilitación de tres meses a seis años para desempeñar un cargo en el servicio público.
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