26 de Agosto 2015

No deja de asombrarme la facilidad con la que los políticos mienten. En campaña electoral se atreven a lanzar compromisos y hacen aseveraciones con plena libertad, sabiendo que jamás se les pedirán cuentas de aquellas promesas vacías que sonaban bien. Enrique Peña Nieto -una vez electo presidente- prometió y su promesa años después quedó incumplida. Aseguró:

"Impulsaré la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno. Esta medida tiene como finalidad garantizar que los contratos publicitarios se lleven a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y el acceso ciudadano a la información."

El que es hoy presidente de México mintió. Y lo hizo por una razón muy clara: el rubro de gasto en publicidad oficial se ha convertido en la "partida secreta" de los gobernantes. Por eso nadie -incluyendo la mayoría de los medios de comunicación- quiere que se regulen esos millones de pesos del erario.

Cuatro semanas atrás, en este mismo espacio, retomé algunos de los hallazgos de un breve documento de análisis que presentó ARTICLE 19 sobre el gasto de Enrique Peña Nieto en publicidad oficial. Entonces, afirmé que en la publicidad de su gobierno en radio, televisión, impresos, internet y otros medios, en 2013 se habían erogado 7,000 millones de pesos, un gasto que jamás antes se había hecho proveniente del presupuesto público.

Ahora matizaré la información que entonces presenté. Y este matiz no va en el sentido de que el presidente haya súbitamente virado hacia la rendición de cuentas y el fin de la impunidad -la estéril investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre la Casa Blanca y demás propiedades no puede considerarse más que eso: un proceso estéril que nació viciado-. No. Pero sí en el sentido de que el gasto en publicidad oficial y propaganda gubernamental de los gobiernos es cada vez más oneroso y perjudicial para nuestra democracia.

En 2013 y 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó en publicidad oficial 14,663 millones de pesos. El presidente no sólo no cumplió con su promesa de crear una instancia reguladora de la publicidad oficial, sino que se ha convertido en un gobernante que se ha dedicado a comprar su imagen y es el que más ha gastado en ese rubro en nuestra historia. Es decir, nunca un presidente había gastado esta cantidad de dinero en tan sólo dos años de gobierno.

Sin lugar a dudas es una cifra excesiva y grosera, por decir lo menos. Supera con creces los presupuestos ejercidos en áreas vitales de la agenda del país, por ejemplo, la vigencia de derechos humanos: cinco veces más que el presupuesto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el mismo lapso. Pero también podemos preguntamos: ¿esos miles de millones cómo podrían aminorar la pobreza de 52 millones de mexicanos?

Cuando no se tienen reglas claras a las cuales sujetar el destino y uso de los recursos sucede esto: un problema de excesos sin contrapesos que, valga aclarar, se arraiga al sistema político mexicano y es transversal en todos los gobiernos del país, en todos los poderes de la Unión y en todos los partidos políticos.

En 2013, 27 entidades federativas destinaron 5, 639 millones al mismo propósito: difundir cada vez más la imagen del virrey en turno. Ese año, las 27 entidades gastaron 1.4 veces más recursos que los permitidos por sus presupuestos (es decir, 1,688 millones más). Los sobrejercicios de Peña también son significativos. En 2013 se usaron 48.8% más recursos que el presupuesto original aprobado y, en 2014, se excedió el monto autorizado en 1,830 millones. ¿Hay alguna consecuencia de esto? Ninguna. El sistema de rendición de cuentas y auditoría permite este cambio millonario de partidas presupuestales sin consecuencia alguna. Los órganos fiscalizadores y los otros poderes públicos omiten ejercer su papel de contrapeso. Y, sobre todo no perdamos de vista lo siguiente: si se gastó esa cantidad quiere decir que esos montos se dejaron de ejercer en otros rubros más importantes.

La falta de reglas tiene un efecto adicional aún más perverso. El gasto discrecional abre espacios de arbitrio para que las autoridades ejerzan el presupuesto no con base en las capacidades técnicas de los medios y con la finalidad de comunicar información útil a la sociedad, sino con fundamento en sus líneas editoriales, que promueven o sofocan voces e informaciones en nuestro panorama de medios, de por sí carente de pluralidad.

Televisión, radio, medios impresos, Internet, no hay un tipo de medio que no entre en las proporciones y capacidades del juego de la publicidad oficial viciada. Por un lado, los gobiernos no pagan para que les peguen. Por otro, algunos medios exigen para no pegar. La sociedad, yo, el lector de esta columna, todos, no entramos en esta ecuación. Nosotros, los más perjudicados en nuestras libertades de expresión e información, no somos actores relevantes en la transacción de los gobiernos y los medios. Y, de forma inmediata, el horizonte se pone más oscuro con el Tercer informe de gobierno. Puedo suponer que para cualquier ciudadano será casi imposible diferenciar entre las notas informativas, la propaganda y el mismo informe de gobierno.

Reitero mi conclusión de hace cuatro semanas: la única solución a esto es regulación. Regulación que quite a los gobiernos (federal y estatales) el poder de distribución del dinero destinado a publicidad oficial y centre esa capacidad de compra en un órgano técnico independiente.

El informe Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta, que ARTICLE 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación A. C. presentaron el miércoles 26, muestra que en tanto no exista un marco regulatorio de publicidad oficial, su uso continuará siendo opaco, discrecional y arbitrario, y tendrá repercusiones negativas y directas en la pluralidad e independencia de los medios de comunicación en México. Allí están las hipótesis, cifras y conclusiones de un ejercicio de acceso a la información para diagnosticar los excesos y arbitrios en publicidad oficial.

 Sólo queda quitarles el dinero a los políticos y crear otro sistema de información y distribución del gasto en la compra de publicidad oficial. De lo contrario, seguirán comprando su imagen pública.