La reducción del tamaño del Congreso sería una concesión a la corriente de opinión pública adversa a los partidos, al Congreso y a la política en general. Esta posición tal vez sea mayoritaria ahora mismo; crecerá aún más si se somete a plebiscito. Hacer política alimentando la antipolítica puede convertirse en un juego peligroso hasta para quienes lo promueven.

La reducción del tamaño del Congreso a expensas de diputados y de senadores de representación proporcional estimula más las respuestas emocionales que los planteos racionales. Los principales argumentos para suprimir 100 diputados y 32 senadores son facilitar los acuerdos y reducir el costo de ambas cámaras. Veámoslos.

Reducción del costo. Se ha hecho el cálculo de que cada diputado implica una erogación de 3.7 millones de pesos anuales. Es probable que ese monto sea inferior, pero démoslo por bueno. Ahorrar las dietas y demás asignaciones de cien diputados supondría 370 millones. El monto de los ingresos de 32 senadores es menos de la mitad de esa cifra.

Facilitación de los acuerdos. Todos los congresos y parlamentos de los sistemas constitucionales cuentan con órganos internos de gobierno compuestos por representantes de los grupos parlamentarios. Esos órganos acuerdan la agenda, definen las prioridades de la asamblea, determinan los órdenes del día y hasta el tiempo asignado en la tribuna a cada grupo. Ninguna asamblea de un sistema estable funciona de manera tumultuaria o espontánea.

El órgano interno de gobierno suele tener un tamaño reducido, sin importar el de la asamblea. Cada uno de los dirigentes que lo integra hace valer la posición de su bancada y negocia hasta que se define una mayoría. A su vez los grupos parlamentarios funcionan en su interior como pequeños parlamentos donde las diferentes corrientes se expresan de manera libre y en igualdad de condiciones. Por lo mismo, el mayor o menor tamaño de la asamblea general es irrelevante para alcanzar acuerdos.

Un argumento adicional en el caso del Senado consiste en señalar que los senadores de lista no representan a ningún estado. En ese caso hay que tener presente que desde hace tiempo el Senado se transformó en un órgano representativo de la nación, no de las entidades federativas.

En menos de dos años el Congreso aprobó medidas que, compartidas o cuestionadas, implican cambios de gran profundidad. ¿Cómo conciliar el reconocimiento de que el Congreso procesó grandes transformaciones con la tesis de que su tamaño dificulta las decisiones?

En cuanto a la objeción económica, 500 millones de pesos equivalen aproximadamente al 5% del presupuesto asignado a ambas cámaras en 2014. ¿De veras se pretende hacer una consulta a todos los mexicanos y reformar la Constitución para reducir el 5% del presupuesto del Congreso?

Si los argumentos de la gobernanza, la economía y el federalismo son insostenibles para justificar un plebiscito y una nueva reforma constitucional, sólo queda inferir que hay un propósito no explicitado.

En tanto que el recorte de legisladores no tiene por causa su disfuncionalidad ni su impacto en la economía nacional, se da la impresión de que el objetivo es concentrar el poder en un partido, porque la democracia no se fortalece debilitando al sistema representativo ni retrocediendo a los márgenes de exclusión política de las minorías que existían antes de que la representación proporcional pasara de 100 a 200 diputados.

Será contraproducente convencer a los electores de que los elegidos son inútiles, porque entonces las elecciones también sobran. Una vez que la sociedad haga suya la versión de que sus representantes estorban más que ayudan se pondrá en duda incluso la pertinencia del sistema representativo. Aunque no fuera esto lo que se quisiera, sí sería eso lo que se obtendría.

Los pilares de toda democracia representativa son los partidos, los congresos y los sistemas electorales. Si no nos gustan como están, hagámoslos mejores pero sin desacreditar a las instituciones. Por ejemplo, se pueden desbloquear las listas de candidatos de representación proporcional para que los ciudadanos seleccionemos con libertad a quienes nos convenzan.

La contrarreforma política nos regresaría a la subrepresentación de las minorías que existía en 1977, cuando México tenía 66 millones de habitantes. Volver a aquellos niveles en un país que alcanzará los 125 millones en 2018 sería una mutilación de la democracia. Espero que lo piensen dos veces y que la sensatez prevalezca.

@dvalades