CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La organización Ciudadanos Vigilantes de Ciudad Juárez denunció al alcalde con licencia y candidato del PRI a la gubernatura, Enrique Serrano Escobar y al ex alcalde y precandidato de nuevo a la alcaldía, Héctor Murguía Lardizábal, por los delitos de fraude, negligencia y peculado.

 

Hoy a mediodía, el arquitecto José Luis Rodríguez, dirigente de la organización, presentó la demanda que quedó consignada en la averiguación previa 37-2016-0009311, por irregularidades en el programa de pavimentación masiva Plan de Movilidad Urbano (PMU), que generó una deuda de más de 2 mil millones de pesos a pagar en 20 años.

 

Ciudadanos vigilantes ha exigido información y ha hecho observaciones ante el Cabildo del ayuntamiento de Juárez y ante el Congreso del Estado, por la asignación de la obra a empresas opacas y posteriormente porque frenaron 16 frentes de la obra.

 

José Luis Rodríguez presentó la denuncia apoyado por la organización, porque consideran que son actos de corrupción y abuso en contra de la ciudadanía y después de que ambos alcaldes generaron una deuda de más de 8 mil millones de pesos al municipio, "como nunca antes", sin que regidores ni diputados los hayan frenado.

 

En el caso de Serrano, quien heredó la obra, señalan que no la frenó y permitió que se sumaran más irregularidades.

 

El mes pasado, Rodríguez presentó la documentación con una serie de observaciones al alcalde Javier González Mocken -quien suplió a Serrano cuando éste solicitó licencia para contender por la gubernatura de Chihuahua-, sobre los 16 frentes de obra que recortaron al PMU, así como fotografías de obras que sí hicieron en el surponiente de la ciudad, que presuntamente favorecen propiedades de Héctor Murguía, en la colonia El Mármol.

 

El denunciante dijo que "el atraco" a los juarenses es por 400 millones de pesos derivados del PMU, que aprobó la legislación pasada, cuando Serrano era presidente de la fracción parlamentaria del PRI y que él mismo continuó como alcalde a partir de 2013, por lo que ahora está acusado por negligencia al no frenar las obras y evitar el mal uso de recursos.

 

 

El Plan de Movilidad Urbana debió iniciar y concluir en el 2013, pero se dilataron hasta concluirlas este año. Primero contrataron una empresa supervisora por 70 millones de pesos, que al cumplir el contrato, no lo renovó a pesar de que no había nada iniciado. Posteriormente, contrataron a la empresa AR y V con un contrato de 49 millones.

 

El PMU fue financiado por Monex y desarrollada por la empresa Movicom, el contrato fue de 2 mil millones de pesos dentro del nuevo programa de inversión pública-privada y deberán pagar 5 mil millones de pesos a Monex.

 

De acuerdo con los datos que ha documentado Ciudadanos Vigilantes, actualmente los juarenses pagan a Monex 25 millones de pesos y los seguirán pagando por 20 años hasta completar los 5 mil millones.

 

Al alcalde actual le entregaron un oficio para solicitarle información y basada en éste, presentaron hoy la denuncia ante la Fiscalía Zona Norte.

 

 

El contrato inicial contempla 20 años para desarrollar el PMU, que consistía en 26 proyectos de reconstrucción de vialidad, 37 proyectos de construcción de vialidades, seis puentes en diferentes ubicaciones, tres tramos de canales en el Dren 2A y 4 proyectos de rehabilitación urbana en Ciudad Juárez. El monto del contrato fue de 2 mil millones de pesos y las obras tenían que concluir el 31 de diciembre de 2013.

 

Las irregularidades, registradas por Ciudadanos Vigilantes, iniciaron desde la convocatoria, porque redujeron el plazo entre la presentación y apertura de paquetes, que establece la Ley de Adquisiciones. Luego realizaron varios cambios de proyecto, sin autorización de las instancias correspondientes.

 

Cuestionan el criterio para seleccionar las vialidades que construirían y reconstruirían dentro del PMU, entre éstas, tres puentes sobre el Camino Real, cuando hay cruces viales con problemáticas mayores por resolver.

 

También critican que aunque se trata de un proyecto para desarrollarse en 20 años, no contemplaron la solución vial, que retrasó las obras considerablemente.

 

La organización indica que hay un contrato firmado por 9 meses para el desarrollo de la obra, a partir del 24 de septiembre de 2012, pero no se ha recibido aún.

 

El municipio y la contratista Movicom firmaron un contrato cuando Enrique Serrano era alcalde y él defendió el retraso de la obra, porque no habían considerado en el proyecto la tubería subterránea.

 

En cuanto al financiamiento señalan que no transparentaron cuál fue la institución financiera que ejerció el crédito y que endeudó a Ciudad Juárez hasta por 20 años. Hasta marzo pasado, conocieron que la financiadora fue Monex.

 

En la contratación de las empresas supervisoras también hay inconsistencias. Primero contrataron los servicios de la empresa Costos S.A de C.V, a la que le asignaron 70 millones de pesos. Esta empresa abandonó los trabajos el 31 de diciembre de 2013, porque venció el contrato, pero apenas llevaban un 10 por ciento de avance. Posteriormente se informó que le habían pagado 30 millones de pesos.

 

Del 31 de diciembre al 15 de marzo de 2014, contrataron a la empresa AR y V Arquitectos S.A.

 

Rodríguez cuestionó el porqué la empresa Costos demandó al municipio de Juárez, por una diferencia de contrato de 40 millones y qué hizo durante nueve meses esta empresa.

 

La Auditoría Superior del Estado, entre otras irregularidades en la obra del PMU, señaló que a la empresa AR y V Arquitectos le otorgaron un contrato de 49 millones de pesos para supervisar la obra del PMU, sin licitación de por medio, lo que excedió el monto autorizado en el contrato inicial, para la contratación de los servicios de supervisión.

 

Hace dos años, Enrique Serranó declaró a medios de comunicación que exigirían a la empresa Costos la restitución de aproximadamente 30 millones de pesos, que indebidamente le habían pagado.

 

Además, invirtieron en infraestructura que se realizó en terrenos de la colonia El Mármol y en el Camino Real, donde sólo hay desierto, no hay desarrollo habitacional.

 

"Kilómetros a la redonda no hay una sola vivienda o desarrollo habitacional, comercial o industrial (...) el presidente municipal (Serrano) al enterarse de esta irregularidad, señaló mediáticamente que se requeriría a los propietarios de esos terrenos para cobrarles a ellos la inversión realizada a través del PMU, en esos terrenos particulares. Esa inversión asciende a los 200 millones de pesos aproximadamente", dio a conocer José Luis Rodríguez.