Con un llamado amplio a solidarizarse con los defensores de las garantías fundamentales, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional México entregaron a la Secretaría de Gobernación más de 10 mil firmas para exigir que el mecanismo de protección para activistas y periodistas funcione de forma eficaz.

 

Además, destacaron la importancia de que se reconozca la labor que éstos realizan y que ningún ataque en su contra quede impune.

 

En el contexto de la campaña #HazQueSeVean, ambas organizaciones llamaron a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional a solidarizarse con las defensoras y los defensores que luchan en México para garantizar y proteger los derechos fundamentales de todas las personas.

 

Durante la entrega de firmas, los activistas Isabel Jiménez y Mariano López manifestaron a Sara Irene Herrerías, titular del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las dificultades que han tenido en la aplicación de las medidas y los retos que aún tiene ese organismo.

 

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones señalan que en México todos los días alguna persona es víctima de tortura; desaparición forzada; imposición de megaproyectos sin consentimiento previo, libre e informado; de desastres ecológicos; discriminación o de violencia de género. En este contexto, señalan, mujeres y hombres comunes, ciudadanos de a pie, se levantan contra la injusticia.

 

Destacan que desde 2012 existe una ley que establece un mecanismo para proteger a defensores, defensoras y periodistas en riesgo. Sin embargo, el mecanismo "no se ha aplicado de forma eficaz y hace falta que la voluntad política manifestada por las autoridades sea respaldada por acciones concretas".

 

Preocupada por esta situación, desde hace un año la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, con la colaboración de Amnistía Internacional, ha difundido la campaña #HazQueSeVean, con el objetivo de hacer visible la situación de riesgo de unos 40 personas defensoras de las garantías fundamentales.