Diputados Ciudadanos se opondrán a la reforma sobre delitos en materia de hidrocarburos: privilegia intereses de las empresas petroleras, a costa de las garantías individuales de los mexicanos.

 

Los Diputados Ciudadanos se opondrán al dictamen con el que se expedirá la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, porque contiene inconsistencias graves que conducen a situaciones de inconstitucionalidad y violaciones a las garantías individuales:

 

 

1) Atenta contra el derecho constitucional de libre manifestación. El artículo 21 de la Ley Federal propuesta establece que se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión a quienes se manifiesten para impedir la ejecución de una obra petrolera aunque "solo se hiciera una simple oposición material sin violencia", y las sanciones se duplicarán para quienes "promuevan" estas manifestaciones. Con este artículo se violan los artículos 6°, 7° y 9° de la Constitución mexicana y se criminaliza la protesta y la resistencia civil pacífica, así como la libertad de expresión. 

 

2) Atenta contra el derecho de acceso a la información pública. El artículo 24 de la misma Ley propuesta establece que la información o datos "sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios" en materia de hidrocarburos, será considerada "información de Seguridad Nacional en términos de la Ley en la materia". 

Este planteamiento es inaceptable pues representa un intento por legalizar la opacidad en beneficio de intereses particulares.

 

3) Un exceso en la tipificación del delito como un acto terrorista. Este dictamen pretende reformar el artículo 139 del Código Penal Federal para incluir como una agravante del delito de terrorismo la generación de daños o afectaciones a la industria de los hidrocarburos. Este planteamiento es insostenible por las siguientes razones: en primer lugar, el mismo Código Penal ya define al terrorismo como el uso de medios violentos "en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional". No existe ningún argumento para equiparar el daño a instalaciones especializadas de una industria en particular, con el delito de terrorismo. Es decir, se pretende desvirtuar y tergiversar este marco legal para beneficiar, nuevamente,  a un grupo en particular.

 

Los Diputados Ciudadanos nos opondremos a este dictamen si no se corrige esta serie de inconsistencias, porque aunque consideramos que deben hacerse adecuaciones legales para perseguir y castigar los delitos en materia de hidrocarburos, no podemos avalar una reforma que exhibe al Congreso de la Unión por aprobar disposiciones inconstitucionales y en contra del marco jurídico, pero sobre todo que atenta contra los derechos de los mexicanos.