Según las actas, los ríos Sonora y Bacánuchi están severamente contaminados. A raíz del derrame de Buenavista del Cobre se rebasaron los límites máximos permisibles de contaminantes establecidos en diversas normas que se vinculan con daños a corto, mediano y largo plazo. La limpieza se enfocó en el arroyo Tinajas, y no se realizó mayor actividad de limpieza río abajo.

 

Profepa establece que la mina viola las leyes ambientales pues "no hay pozos de monitoreo, no hay valoración física real de contaminación o infiltración de suelos". Además, "no se confirma técnicamente que las instalaciones cumplan con criterios ecológicos de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo".

 

No hay sistema de captación de fluidos bajo geomembrana de Tinajas 2. Buenavista del Cobre no exhibe un plan de muestreo para identificar especies minerales presentes, y al no existir un plan de muestreo no es posible caracterizar la peligrosidad del mineral que se derramó.

 

La contaminación de la mina, indica PODER, puede provocar graves daños a la salud pública.

 

Las infracciones se consideran graves por las consecuencias que pueden tener para la salud pública, pues durante su proceso productivo la empresa emite partículas suspendidas, las cuales pueden irritar el sistema respiratorio o dañar los mecanismos de ventilación en los pulmones, contribuyendo de ese modo a agudizar enfermedades respiratorias. Además pueden generar desequilibrios ecológicos.

 

La organización señala que se realizaron estudios para determinar la afectación real del derrame.

 

"En las actas revisadas Profepa se compromete a realizar un estudio hidro-geológico y otro sobre la caracterización de la biota terrestre. El compromiso era entregarlos a finales de octubre de 2014, pero ninguno de los dos estudios ha finalizado aún. Tampoco se han presentando la Evaluación de Riesgo Ecológico ni los estudios de valuación de riesgo a la salud humana cuya finalización estaba prevista para noviembre de 2014", dice PODER en su comunicado.

 

La filial de Grupo México acepta y reconoce en documentos de la Profepa que "por la falla en el represo Bordo Poniente en el sistema Tinajas 1, se ocasionaron diferentes daños al hábitat, ecosistemas y recursos naturales e hídricos, que requieren de acciones de reparación y remediación orientadas a devolver al estado base los desequilibrios ecológicos y sanitarios causados y/o hacer la compensación correspondiente en su caso."

 

Los represos Tinajas 1 y 2 están en construcción con avances de 50% y 70% respectivamente. La construcción de los bordos 1 y 2 del represo Tinajas 1, lugar donde ocurrió el derrame, no se encuentran contemplados en el informe preventivo "terreros de lixiviación...".

 

Desde el 10 de mayo de 2013 se sugirió la construcción de los bordos poniente y oriente para aumentar la captación de solución de sulfato de cobre acidulado (incluyendo agua pluvial). Pese a que la empresa exhibió los planos de ingeniería a detalle para la construcción de estos bordos, al momento de la supervisión la empresa no presentó documentos que acreditaran que las obras de construcción se realizaron de acuerdo al procedimiento establecido en el estudio a que se hace referencia y en los planos de ingeniería a detalle, sin embargo la zona inició operaciones.

 

PODER determina los hechos y las omisiones por los que Buenavista del Cobre infringió la legislación ambiental son graves, riesgosos y pueden provocar daños a la salud humana, a los recursos naturales, a los ecosistemas y a la biodiversidad, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico.

 

En agosto PODER informó que los pobladores del Río Sonora y Bacanuchi interpusieron cinco juicios de amparo en contra de distintas dependencias del gobierno federal y de la minera Buenavista del Cobre, debido a múltiples irregularidades cometidas por la empresa y las autoridades a raíz del derrame.

 

Luis Miguel Cano, abogado de la organización PODER, indicó que los juicios de amparo se interpusieron entre el 13 de febrero de este año, hasta el 14 de julio, por los comités de la Cuenca Río Sonora integrados por habitantes de los siete municipios afectados por el derrame.

 

Un grupo de personas dedicadas a actividades agropecuarias interpuso un amparo en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por no haberse realizado hasta el día de hoy, el Proyecto de Reactivación Agropecuaria que la dependencia comprometió a raíz del derrame.

 

De acuerdo con el argumento del amparo, a las personas afectadas no se les respetó su derecho humano a la reparación.

 

"La Sagarpa prometió un proyecto de reactivación agropecuaria: seis meses después se solicitó información y la respuesta fue 'no hemos hecho nada. Llegamos, prometimos, pero no hay un proyecto'. Prometieron una Unidad de Vigilancia Epidemiológica, plantas potabilizadoras y de todo eso, no hay nada", dijo el abogado.

Pobladores que viven al sur de las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, aledañas a la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi, se ampararon en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la minera, por la ausencia de un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos y la operación de la mina violando con ello la ley, sin que la autoridad hiciera algo al respecto.

 

El pasado 20 de junio Arturo Rodríguez Abitia, Subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, dijo en entrevista con SinEmbargo, que antes del derrame de agosto, la dependencia abrió algunos procedimientos administrativos en contra de Buenavista del Cobre, no por una emergencia, sino por emisiones de partículas a la ciudad de Cananea.

 

"Lo que ocurrió fue una mala decisión de la empresa, porque empezaron a utilizar una instalación que no estaba terminada, que por no estor terminada no estaba vigilada por parte nuestra. Se supone que no estaba operando, la empresa quiso empezar a operar, aunque no estaba lista y sobrevino el accidente", detalló.

 

La población afectada por el derrame se amparó también en contra de Semarnat, Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por la apertura de pozos en la región, realizada bajo estándares de medición poco favorables, que violan el derecho al agua salubre y de calidad.

 

"Es muy fácil llegar y decir 'no pasa nada, el agua está limpia, vuelvan a sus vidas,aquí hay mediciones y todo está conforme a la normatividad'. Lo que no se nos dice es que la normatividad del país que mide la calidad del agua deja mucho que desear, en arsénico por ejemplo, la norma mexicana en nueve veces más permisiva que la de la OMS [Organización Mundial de la Salud", informó el abogado de PODER.

 

El penúltimo amparo interpuesto el 29 de junio por las personas que habitan aledañas a la cuenca de los ríos afectados, es contra la Semarnat, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, por la ausencia de un Programa de Remediación Integral.

 

"La reanudación de las actividades mineras de Buenavista del Cobre atenta contra las obligaciones de protección, garantía y prevención de las violaciones del derecho a un medio ambiente sano de las personas que viven al sur se las instalaciones mineras", argumenta el planteamiento jurídico.

 

Por último, la población se amparó en contra de la Semarnat y el Ejecutivo Federal, porque no se aseguró una consulta efectiva de los habitantes, cada vez que se emitió alguna autorización a la minera en materia ambiental.

 

 

Julieta Lamberti, investigadora de PODER, aseguró que la atención a la población y la remediación de la contaminación, no fue una prioridad ni de la empresa ni del gobierno.

 

"A 12 meses del derrame, tanto el gobierno federal y Buenavista del Cobre han sido omisos en la remediación: el gobierno federal omiso en la atención y Grupo México ha estado mintiendo a la población de que el río está limpio y que el problema se solucionó", dijo.

 

La organización internacional realizó una investigación a través de 100 solicitudes de información a transparencia en donde encontró que la mina Buenavista del Cobre incumplió la ley, pues avisó dos días después del derrame a la Profepa, sin que la autoridad hiciera absolutamente nada para sancionarla.

 

La empresa, según la investigación de PODER, se percató el 6 de agosto de 2014, día del derrame a las 10 de la mañana, que había un "lagrimeo" en el represo poniente, pero avisó a la autoridad ambiental 25 horas después vía telefónica y entregó el formato de aviso inmediato, 48 horas tarde.

 

Julieta Lamberti explicó que a un año del derrame Buenavista del Cobre no cuenta con un Plan de Remediación Ambiental integral que abarque todo el terreno afectado aprobado por la Semarnat.

 

Contrario a lo que han declarado a SinEmbargo autoridades de la Profepa, la empresa hasta julio de 2015, sólo ha entregado el plan que corresponde a la Zona uno, a 30 kilómetros a la redonda, cuando son cinco zonas.

 

El 20 de junio Arturo Rodríguez de Profepa explicó que la remediación del Río Sonora concluirá entre seis y ocho semanas, aproximadamente.

 

De acuerdo con el Plan de Remediación del Río Sonora, Grupo México deberá limpiar el río en cinco fases, dijo: la primera abarca desde el lugar donde se origino la emergencia, en el represo de Tinajas, hasta el kilómetro 30, el tramo seco de Tinajas.

 

"El segundo va del arroyo Tinajas donde confluye con el Río Bacanuchi del kilómetro 30 al 14. La tercera del 140 al 180; la cuarta del 180 a 224 y la última del 224 hasta la presa El Molinito", detalló.

 

Rodríguez Abitia dijo que Grupo México construyó un sitio temporal para el confinamiento de los suelos contaminados que se retirarían del cauce.

 

Hasta el momento fueron removidos mil 300 metros cúbicos de suelo contaminado en 14 polígonos que fueron identificados como "impactados en la zona uno", aseguró.

 

"Esta actividad ya terminó y nosotros estuvimos verificando que esto ocurriera. Actualmente la empresa ya está trabajando con la Semarnat y está atendiendo las zonas dos, tres y cuatro.Nosotros estamos pendientes a estos trabajos para ver que vayan cumpliendo con todo lo que la Semarnat ordenó. Ya no llevará demasiado tiempo, tendrá que resolverse ya en unas semanas, entre seis y ocho semanas, todo dependerá de la velocidad con que la empresa siga trabajando", indicó.

 

Al concluir con la remediación, la Profepa verificará a través de un muestreo final si se cumplió con los límites de contaminantes.

 

"El río queda absolutamente limpio y regresará a las condiciones originales en las que se encontraba antes de la emergencia. Independientemente de eso, se establece dentro de las medidas que se ordenaron por Profepa, Conagua y Cofepris, la obligación de hacer un monitoreo durante varios años para asegurarnos que la calidad del agua y de los suelos se encuentren como estaban antes de que ocurriera la emergencia", afirmó.