La crisis económica de los municipios del interior del estado, conlleva a un problema mayor en cuanto al abastecimiento de agua potable en los hogares, ya que hay ayuntamientos que apenas logran recaudar anualmente uno o tres millones de pesos por el suministro de este vital líquido.

Así lo plantearon en conferencia de prensa, Jaime Durán Padilla, coordinador estatal de la Comisión Operativa del partido Movimiento Ciudadano y Jesús Rangel de Lira, ex militante del Partido del Trabajo recién integrado a esta otra organización política, quien afirmó que la ciudadanía ve con desconfianza las políticas que, sobre el tema del agua, está implementando el Ayuntamiento capitalino.

En lo particular, se refirió al comité de expertos recién nombrados para decidir lo que va a suceder con la distribución de agua potable en el municipio de Aguascalientes, y quienes a finales de noviembre emitirán una decisión. El problema -marcó- es que no hay participación de la sociedad y eso es lo que propone Movimiento Ciudadano.

Así tiene que ser -acentuó- porque CAASA ha cometido excesos en contra de toda la ciudadanía, "sabemos perfectamente que desde que se otorgó la concesión en 1993 se inició un viacrucis, con un constante incremento de tarifas que hablan de una posible complicidad con las administraciones municipales".

Es por eso que el Ayuntamiento -estableció- debe retomar la rectoría en el manejo del agua para evitar que esto se mantenga como un negocio en el que muy pocos ganan y para eso se dispone de cinco años, a partir de este 2018, para darle forma a una empresa descentralizada pues a favor está la disposición de la infraestructura necesaria además de que la capacidad humana existe.

Al respecto Durán Padilla destacó que si se toma la decisión de que CCAPAMA afronte y administre el tema del agua potable, "se va a ver rebasada por las necesidades de la ciudadanía, por eso es necesaria una transición tersa para dar lugar un organismo público descentralizado que tenga la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, en lo que concierne a recaudación, infraestructura y todo lo que conlleve a un buen manejo".

Este organismo además -consideró- evitaría el desempleo de los técnicos que deje CAASA una vez que concluya su concesión, y que podría servir de guía para administrar el servicio de agua potable en los municipios del interior, tomando en cuenta el poder adquisitivo de la población para poder fijar tarifas justas.