Trasparencia Mexicana mencionó en el informe del "Cumplimiento global de la Convención de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] contra el Cohecho Transnacional 2015", que México, Brasil, Chile España, Japón, Rusia, Brasil, Turquía, Polonia, entre otros países ocupan un lugar en el apartado de las naciones que no han iniciado ninguna averiguación previa contra empresas y funcionarios por este delito.

 

Detalló que desde 1999, México la Convención Anticohecho de la OCDE, sin embargo, desde entonces ningún caso ha sido sancionado bajo este instrumento en el país.

 

El informe incluso destacó que entre 2011 y 2014, México tampoco ha iniciado ninguna averiguación previa por este tipo de delito.

 

En el Informe México fue calificado como un país con mínima o nula aplicación del Convenio Anticohecho.

 

El 22 de julio, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó un apartado donde se puede conocer información sobre las investigaciones en curso por delito de cohecho internacional.

 

Para dar cumplimiento a este Convenio, Transparencia Mexicana recomendó a la PGR establecer los canales oficiales de comunicación entre esta dependencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus representaciones diplomáticas para detectar e informar sobre casos de soborno transnacional que involucre a empresas mexicanas en el extranjero.

 

 

En junio de este año se hizo público que en España Grupo México pagó a Grupo Magtel poco más de un millón de euros para ganar la adjudicación la mina de Aznalcóllar en Sevilla que fue cerrada en 1998 por un derrame.

 

En Sevilla se abrieron varias investigaciones a Magtel por obtener los beneficios de la Junta de Andalucía en procesos de licitación.

 

El juzgado 3 de Sevilla documentó que encontró a favor de Minorbis, una filial creada por Magtel, una factura por un millón 200,000 euros a fin de beneficiar a AMC Minning, la filial de Grupo México en el proceso de licitación.

 

 

El 7 y 26 de mayo circuló en una red social audios que revelaron un presunto acuerdo entre directivos de la empresa española OHL en México y funcionarios del Estado de México para obtener el beneficio de un alza en sus tarifas que no estuvieron consideradas originalmente en los contratos. Así mismo, las grabaciones evidenciaron supuestos pagos a magistrados

 

Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL en España, negó actos de corrupción y afirmó que se trataba de una campaña de manipulación.

 

Después de la divulgación del primer audio, Pablo Wallentin, directo de la empresa en México presentó su renuncia y es que el directivo, de acuerdo con las grabaciones ofreció pagar las vacaciones del secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena.

 

La empresa aceptó la renuncia de Wallentin un día después de que José Andrés de Oteyza, consejero de la constructora dijo que invitaron al político por cortesía.

 

Tras los escándalos la empresa ordenó investigar sus procesos y contratos ganados.