Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- La Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) consideró hoy que si el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto quiere demostrar que una de sus prioridades es la rendición de cuentas debe garantizar que todo el Gobierno coopere plenamente con el Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios (GIEI) que investiga el caso Iguala, entre ellos los militares.

 

 

El posicionamiento se da luego de que el pasado martes el diario estadounidense The New York Times dijo, en su editorial de casa, que es más probable que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, sea recordado como el que puso trabas a la rendición de cuentas que como un transformador.

 

Ayer, en una carta enviada por Paulo Carreño King, coordinador de Marca País Medios Internacionales de la Presidencia, y difundida por la revista Forbes, el funcionario aseveró que "la rendición de cuentas, de hecho, ha sido una de las principales prioridades de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto".

 

En un comunicado, la organización internacional destacó que el Gobierno mexicano respondió a la editorial del New York Times en la que se afirmaba que el país ha "resistido tercamente a la rendición de cuentas", incluso en una de las "peores atrocidades contra los derechos humanos de la historia reciente".

 

De acuerdo con WOLA, "lo más importante que el gobierno debe hacer ahora mismo para garantizar la rendición de cuentas es garantizar que la totalidad del gobierno coopere de manera plenamente con el grupo de expertos internacionales que trabajan el caso".

 

Destaca que el "el gobierno dio un paso importante en noviembre, cuando nombró un nuevo equipo de investigadores" dentro la Procuraduría General de la República, para que trabajen con los expertos. Sin embargo, agrega la organización, "ahora el gobierno debe reconocer que su teoría anterior, 'verdad histórica' que dice que los cuerpos de los estudiantes fueron calcinados en una tiradero de basura, ha sido desacreditada por la evidencia científica2.

 

WOLA señala que el gobierno debe perseguir las nuevas líneas de investigación propuestas por el GIEI.

 

"Además, el gobierno mexicano debe exigir a los militares para que cooperen plenamente con el Grupo Expertos, incluyendo el permitir a los expertos entrevistar directamente a los soldados". Y recuerda que "la posibilidad de entrevistar a los militares es clave porque los soldados estaban presentes en las escenas de los ataques a los estudiantes, informando a sus superiores al momento".

 

Recuerda que hasta que el momento el gobierno ha restringido el acceso de los expertos a los militares, "sólo ofrece la posibilidad de presentar preguntas por escrito, que podría ser planteadas por los fiscales del gobierno".

 

"El gobierno mexicano dio un paso importante al invitar a este grupo excepcional de expertos internacionales para trabajar en este caso. Ahora debe asegurarse de que nadie se interponga en el camino de descubrir la verdad de lo sucedido a los estudiantes", finaliza el documento.

 

El pasado lunes, The New York Times exhortó en su editorial al gobierno a dar acceso a los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) a los militares que estuvieron cerca de la escena del crimen de Iguala, el 26 de septiembre de 2014.

 

"Cuando hizo campaña para la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto utilizó el título de su libro, México, la Gran Esperanza, para explicar el registro que esperaba lograr y la Nación que esperaba construir. Más de tres años después en la Presidencia, parece más probable que no sea recordado como el líder transformador que los mexicanos pensaron que habían elegido, sino como un político que le dio la vuelta a la rendición de cuentas en cada paso", dijo el diario.

 

Bajo el mando de Peña Nieto, agregó el medio, "el Gobierno mexicano rápida y sistemáticamente ha pintado de blanco verdades horribles y resta importancia a los escándalos".

 

"Después de que periodistas mexicanos revelaron que un contratista del gobierno había puesto a disposición de Peña Nieto y su esposa una casa lujosa, el Presidente nombró a un amigo para investigar el asunto. No es sorprendente que la investigación no encontrara ninguna evidencia de mala conducta del Presidente. Los periodistas, a pesar de sus informes meticulosos e inimputables, perdieron sus puestos de trabajo", recordó The New York Times sobre el caso de Carmen Aristegui y su equipo.

 

El diario dijo que "cuando el más poderoso capo de la droga del país, Joaquín Guzmán Loera, escapó de la cárcel en julio, los mexicanos eran justamente escéptico sobre la versión oficial, sobre todo porque era la segunda fuga de Guzmán. El Gobierno afirmó que el señor Guzmán se había deslizado a través de un túnel que él y sus cómplices cavaron sin el conocimiento de los funcionarios de prisiones, descartando la posibilidad de que tuviera ayuda desde el interior. Aunque algunos funcionarios fueron detenidos como resultado de la fuga de la prisión, el gobierno aún tiene que explicar plenamente el lapsus".

 

"Más preocupante es el esfuerzo fallido del gobierno en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 204, que parecen haber sido masacrados en el estado rural de Guerrero. El gobierno afirmó que los estudiantes fueron ejecutados e incinerados por miembros de una banda de narcotraficantes. Un informe preliminar emitido por un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre, citando imágenes satelitales, dijo que era improbable que los cuerpos hubieran sido incinerados", señaló.

 

"Añadiendo al escepticismo público, el gobierno ha rechazado las solicitudes repetidas para permitir que el equipo internacional entreviste a personal militar estacionado cerca del lugar de la desaparición".

 

El Times concluyó: "No es demasiado tarde para que el gobierno reconozca que echó a perder su investigación, y para que dé a los investigadores internacionales acceso sin restricciones a personal gubernamental. Eso puede ser muy poco para salvar la reputación del señor Peña Nieto. Pero es lo menos que puede hacer por las víctimas de una de las peores atrocidades contra los derechos humanos del México reciente".

 

En tanto, ayer la revista Forbes difundió la parte que Paulo Carreño King envió al New York Times, en la que alegó que el editorial "no refleja las acciones concretas que el gobierno mexicano ha tomado en los últimos tres años con respecto" a los temas abordados por el diario.

 

En el documento, además se citó a una serie de leyes y decretos firmados por Peña Nieto para tratar de enfrentar la corrupción del gobierno y para fomentar la rendición de cuentas. Así mismo, enumeró, de acuerdo con Forbes, las medias adoptadas para "sondear a fondo y determinar la participación de funcionarios del gobierno" en la fuga de Joaquín Guzmán Loera.