El concepto de ciudadano no siempre ha significado lo mismo. Para Aristóteles ni los menores ni los sirvientes ni la mujer niña, adulta, soltera o casada son "ciudadanos". De hecho, es hasta principios del siglo 20 y tras las sufragistas que las mujeres acceden a la ciudadanía en muchos lugares del mundo. Sería muy extenso escribir sobre la evolución del concepto y mostrar las diferencias existentes aún en la actualidad. De acuerdo a la Constitución de cada país, hay circunstancias por las cuales se pierde la ciudadanía o se restringen algunos derechos. Una de las definiciones de ciudadano más aceptada para un país democrático (o supuestamente) es: "Habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos, sometido a sus leyes, sujeto de derechos políticos inalienables y personales, y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país". O sea, nuestros derechos y obligaciones son reconocidos, inalienables y personalísimos, se dan entre ciudadanos iguales y es nuestro deber ejercerlos ante, frente o en contra el gobierno de nuestro País, Estado o Ciudad. Pero en México no nos dejan hacerlo. En el pensamiento político, hay algo llamado "esfera pública", que es "un espacio entre la autoridad y la vida privada, en el cual los ciudadanos pueden reunirse informalmente, intercambiar opiniones sobre los asuntos públicos, decisiones de gobierno y proponer reformas, lo cual sirve como campo de juego para la ciudadanía y contrapeso al gobierno". Qué bello, ¿verdad? En teoría suena de maravilla. Pero en la realidad nos topamos con todo tipo de obstáculos, trampas, mentiras y estupideces provenientes de diversos ámbitos, sobre todo del Legislativo, que parece tener como objetivo principal borrar la esfera pública y vencer, por cansancio, a quienes intentamos ejercer nuestros derechos como ciudadanos para mejorar las cosas. En México nos hemos quejado, por años, de que los ciudadanos nos limitamos a ser votantes y, millones, venales. Venden su voto a cambio de una torta, de una despensa, de unos uniformes, de un puesto o de bellas promesas incumplidas. Por años hemos soñado con que, algún día, los mexicanos despertaremos y pasaremos de ser votantes agachones, resignados, ciegos, sordos y mudos a ciudadanos exigentes y participativos. Muchos gritamos, denunciamos y exigimos desde nuestras trincheras, pero nos ignoran. Juran defender las leyes y piden al Pueblo demandárselo si llegan a violarlas, pero se lo demandamos y nos ignoran porque saben que no pasará nada: las leyes son de adorno. Dentro de un núcleo elitista, más por su formación que por su dinero, han surgido muchos grupos ciudadanos atentos al acontecer nacional, dispuestos a mostrar su inconformidad cuando lo consideran necesario, a exigir la rendición de cuentas transparentes y a participar de manera más activa en la vida política de México. Pero tal y como señala el desplegado de Movimiento Ciudadano, publicado ayer en este periódico, todo el proceso que debería terminar en las reglas claras y accesibles para las candidaturas independientes, ha resultado un escarnio. El desplegado compara las diferencias entre lo otorgado a los ciudadanos y a los partidos políticos: 1) Una regulación excesiva que vuelve inviables las candidaturas independientes; 2) No otorga a los ciudadanos los mismos derechos; 3) Exige a los ciudadanos más requisitos; 4) Se otorga casi 20 veces menos recursos y tiempo aire a los ciudadanos; 5) Establece sanciones más severas para los ciudadanos, y 6) Establece normas que impiden la competencia en igualdad de condiciones. Movimiento Ciudadano presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del Libro Séptimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que regula dichas candidaturas para que "la responsabilidad de hacer valer los derechos constitucionales de los ciudadanos" quede en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estemos muy atentos; esto nos concierne y afecta a todos.