La Procuraduría General de la República (PGR) informó que sólo cuenta con 30 elementos especializados del Ministerio Público dedicados a la investigación de más de 2 mil 400 denuncias de tortura que, a nivel federal, se registraron el país sólo en el año 2014.

O en otras palabras: la fiscalía del Estado tiene a un agente para investigar 80 casos de tortura al año.

 

Además, a pesar de que las denuncias por tortura aumentaron 106% en comparación con 2013 y hasta 737% con 2012 -de 287 denuncias en el último año de la administración Calderón se pasó a mil 165 con Peña Nieto, y a 2 mil 403 en 2014-, la Procuraduría informó que no tiene una "cifra dura" sobre el número de cargos de tortura presentados contra probables responsables a nivel federal en 2014, ni de sentencias condenatorias. Es decir, que no sabe a cuántas personas se investiga por tortura, ni cuántos están en prisión por este ilícito.

 

Aunado a lo anterior, la PGR tampoco cuenta con información desglosada por género, nacionalidad y edad respecto a los casos denunciados, ni tiene un análisis por entidades federativas que permita elaborar políticas específicas para atacar el fenómeno a nivel federal y en cada uno de los estados de la República.

 

Este es el panorama de la tortura en México que Amnistía Internacional (AI) expone en su más reciente informe Promesas en el papel, impunidad diaria. La epidemia de tortura en México continúa; elaborado a partir de documentos que PGR le proporcionó mediante transparencia pública, además de entrevistas con funcionarios de esta dependencia.

 

En el informe de AI, en el que critica que el gobierno mexicano, más allá del papel, "no ha reconocido la magnitud del problema" ni ha emprendido "de verdad" acciones para poner fin a la tortura, otra de las problemáticas que recalca es que los médicos no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de una persona.

 

Chasel Colorado, vocera de incidencia de Amnistía, explica en entrevista con Animal Político que las normas existentes en México permiten a los médicos oficiales clasificar, "a partir de un dictamen preliminar que consiste básicamente en una simple inspección ocular", las lesiones de los detenidos en tres categorías: sin señales de lesión, lesiones no graves que sanarán en menos de 15 días, y lesiones que ponen en riesgo la vida y tardarán más de 15 días en sanar.

 

"Pero estas clasificaciones no captan en toda su extensión los daños causados a las víctimas", advierte Colorado, quien argumenta que en el informe hay documentados casos en los que a las víctimas se les somete a métodos que no dejan lesiones visibles, "tales como la asfixia, las descargas eléctricas y la tortura psicológica".

 

"El sistema está diseñado para impedir que las víctimas de tortura realicen una defensa de sus derechos -critica la vocera-. Porque las autoridades dan muchísimo valor a ese primer dictamen médico muy superficial. En cambio, tenemos documentados casos en los que se infligieron lesiones internas que han llevado a una persona al hospital, y sin embargo el dictamen dijo que se encontraba en excelentes condiciones porque no presentaba lesiones externas".

 

Por ello, Amnistía pide al gobierno mexicano que defina por ley que la tortura "no se limite a actos que causan únicamente lesiones graves", sino que también pueda contemplar otras lesiones que a simple vista no se perciben, como la tortura psicológica.

 

 

Otra preocupación que expone la organización internacional de derechos humanos, es que los exámenes forenses siguen alimentando la impunidad debido las deficiencias en la manera en que los médicos y psicólogos de la PGR llevan a cabo el Dictamen Especializado; un instrumento que sirve de guía para todos los exámenes forenses, tanto médicos como psicológicos, sobre tortura.

 

"Se supone que este Dictamen Especializado sigue normas internacionales tales como el Protocolo Estambul, pero en la práctica su aplicación suele sufrir fuertes demoras y adolece de claras deficiencias", denuncia el informe.

 

Por otra parte, AI apunta que aunque las denuncias presentadas por tortura en 2014 aumentaron más del doble, el número de dictámenes especializados llevados a cabo por forenses de la PGR para determinar casos de tortura disminuyó: el año pasado, la Fiscalía realizó 185 de esos dictámenes médico/psicológicos, en comparación con los 206 de 2013.

 

Además, Amnistía indica que la PGR le informó en una reunión en agosto de 2015 que "había pendientes más de mil 600 solicitudes de Dictamen Especializado".

 

"Dada la clara falta de capacidad de la PGR para responder adecuadamente a la demanda de exámenes forenses -alerta el informe-, nos resulta preocupante que los marcos jurídicos y las directrices de la PGR sigan obstaculizando el acceso de las víctimas a expertos médicos y psicológicos independientes".

 

 

En cuanto a la creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura que anunció ayer la PGR, y cuyo acuerdo en el Diario Oficial de la Federación -que puedes leer aquí- entra en vigor este miércoles 28 de octubre, Chasel Colorado considera la medida como "un paso adelante", aunque aclara que seguirán de cerca su funcionamiento para que la iniciativa no se quede en la creación de otra fiscalía especializada más.

 

"Amnistía estará impulsando que una de las primeras labores de esta Unidad sea contar con información actualizada y desagregada sobre el fenómeno de la tortura en México. Y sobre todo -remarca-, que gran parte de la labor esté enfocada en procesar investigaciones, abrir otras y sancionar a los funcionarios que sean responsables por este delito".

 

"Porque nos parece muy grave que a 23 años de la legislación en México contra la tortura, sólo haya siete condenas a nivel federal. Esto habla mucho del gran margen de impunidad que existe en el país", concluye la vocera de Amnistía Internacional.

 

Aquí puedes leer íntegro el informe íntegro de Amnistía Internacional sobre la tortura en México: