Los datos consignados llevan a una reflexión en dos sentidos: por una parte, es claro que desde hace muchos años el país no está haciendo lo necesario para satisfacer las necesidades y las expectativas de una parte significativa de su población: creación de empleos, dignificación de los salarios y las condiciones laborales, dotación de servicios de educación y salud, construcción de vivienda de interés social, fortalecimiento de los servicios de transporte, cultura, deporte y recreación. Al mismo tiempo, existe una clara asignatura pendiente en la restauración de la seguridad pública y el Estado de derecho en las vastas extensiones del territorio en las que tales premisas son precarias o llanamente inexistentes.

En este escenario resulta innegable la responsabilidad del Estado mexicano en la persistencia del flujo migratorio y, por tanto, en la gestación de las terribles condiciones de viaje y estadía que sufre la gran mayoría de los connacionales que se aventuran al país vecino en busca de mejores términos de trabajo y de vida: travesías por parajes inhóspitos y peligrosos, abusos de toda suerte por los agentes migratorios estadunidenses, discriminación, condiciones laborales cercanas a la esclavitud, persecución constante, pérdida de derechos básicos y separaciones forzadas entre padres deportados e hijos menores que permanecen en territorio estadunidense.

Tal consideración debilita de modo inevitable la posición del gobierno y del país en general cuando se trata de demandar un trato menos inhumano para los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, derogación de disposiciones legales que criminalizan a los migrantes por el solo hecho de serlo y formulación de leyes y reglamentos migratorios mínimamente apegados a la observancia de los derechos humanos.

Por otra parte, el documento de la Cepal pone en evidencia, de manera indirecta, el atraso mexicano con respecto a los países latinoamericanos que han optado por modificar o desechar el modelo económico neoliberal que conlleva el empobrecimiento generalizado de las mayorías, la anulación o restricción de sus derechos, la apertura indiscriminada de los mercados internos, el abandono de los campesinos y el achicamiento del sector público y de las políticas sociales.

Las naciones que se han propuesto superar ese paradigma han logrado abandonar su condición de expulsores de mano de obra -el caso de Ecuador es el más representativo- e incluso de convertirse en tierra de inmigración. La nuestra, en cambio, sigue un modelo que la ancla a la deplorable y exasperante condición de exportadora de sus propios habitantes.