18 de Noviembre 2015

MÉXICO, DF (apro).- Pese a que escaló hasta 73% el número de detenciones de migrantes centroamericanos durante su tránsito por México -de 97 mil entre junio de 2013 y junio de 2014 a 168 mil entre junio de 2014 a junio anterior-, las autoridades apenas otorgaron 700 estatutos de refugiado, pese a que "muchos de estos individuos fueran potencialmente elegibles para el asilo", destaca un informe que publicaron hoy varias organizaciones, entre ellas Fundar, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), así como varios albergues de migrantes.

Con apenas 15 oficiales de protección en todo el país, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) se encuentra desbordada por las peticiones de migrantes, mientras que en los centros de detención los agentes del INM no informan debidamente a los indocumentados sobre sus derechos a solicitar el asilo y existen pocos abogados especializados en el tema en el país.

De 2 mil 137 solicitudes que recibió en 2014, México reconoció a 451 personas como refugiados; de ellos 413 eran del Triángulo Norte. Durante el primer semestre de este año otorgó 289 estatutos de refugiado frente a las mil 383 solicitudes que recibió.

"El número de refugiados es extremadamente mínimo cuando se toma en cuenta el número de deportaciones", el cual se elevó el año pasado a más de 100 mil, deplora el informe.

En los últimos tres años, la CNDH recibió mil 617 quejas de violaciones a los derechos humanos de los migrantes contra instituciones del gobierno -mil 220 contra el INM, 143 contra la Policía Federal y 120 contra la Procuraduría General de la República, entre otros-, de las cuales emitió cuatro recomendaciones a las autoridades responsables, un promedio de 0.2%.

Si bien el INM fue señalado en múltiples ocasiones como responsable de violaciones a los derechos humanos durante los operativos o en las estaciones migratorias, la falta de controles -tanto internos como externos- alimenta la impunidad.

Con el Programa Frontera Sur el INM reubicó a entre 10 y 15% de sus agentes hacia los estados del sur e incrementó sus operativos de contención entre 40 y 73%. La inexplicable diferencia entre las cifras se debe a las respuestas que dio el INM a dos solicitudes de información distintas.

El presupuesto asignado y ejercido por el INM se incrementó de manera gradual a lo largo de los años, y la institución gastó en 2014 un presupuesto mayor en 70% al que le fue otorgado a inicios de año: 3 mil 701 millones de pesos, comparado con los 2 mil 173 millones que le estaban destinados. "A partir del primer trimestre de 2014 el aumento del gasto va de la mano con el aumento de las detenciones de migrantes", observó el informe.

La presencia de agentes de la Policía Federal en los operativos del INM también se disparó, al pasar de 125 por mes en 2013 a 429 por cada 30 días desde que arrancó el Programa Frontera Sur.

A raíz de la implementación del programa "la migración es más clandestina que nunca porque los migrantes y los traficantes han buscado evitar los puestos de control y las incursiones que han proliferado en los estados del sur", se advierte en el documento para luego subrayar que las nuevas rutas que adoptan los migrantes "les llevan a tener menos contacto con albergues".

En el albergue que dirige el sacerdote Alejandro Solalinde en Ixtepec, Oaxaca, "no llegan más de cien migrantes por semana", cuando descansaban en él cerca de mil migrantes cada mes del año pasado.

El informe plantea que, debido a la ausencia de información confiable, "no se sabe si los niveles de secuestro han subido o bajado" desde 2011, cuando la CNDH estimó en 20 mil el número de migrantes que sufrieron un secuestro en el año.

Sin embargo, a raíz de los testimonios recabados en los albergues determinó que con la imposibilidad de subirse a La Bestia cambió la modalidad del secuestro de migrantes. "Los secuestros masivos parecen menos frecuentes", estimó, al precisar que "actualmente los migrantes son secuestrados en pequeños grupos o de uno en uno".

El modus operandi sigue igual, ya que los secuestradores encierran a sus víctimas en casas de seguridad, de donde contactan a familiares para exigir que envíen dinero a través de servicios tipo Western Union o MoneyGram.

Ante las agresiones a los centroamericanos en tránsito por México, gobiernos locales implementaron fiscalías especializadas en atención a migrantes, que actualmente operan en siete estados -Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Coahuila, Campeche y Veracruz- a las que los indocumentados suelen acudir con integrantes de los albergues.

Sin embargo, el informe señala que durante entrevistas con los titulares de estas fiscalías las organizaciones se percataron de que "fueron imprecisos respecto del número de averiguaciones previas abiertas y consignaciones", y que las instituciones a su cargo carecían de los recursos necesarios para operar.

Con solicitudes de información emitidas a través de los portales de transparencia, las ONG observaron que existía poca o nula información respecto de los resultados de las investigaciones.

"Los autores de este informe no han podido hallar información que apunte a un esfuerzo real por parte de las autoridades mexicanas de asegurar que las denuncias se conviertan en investigaciones eficaces, ni mucho menos en sentencias condenatorias para los perpetradores", lamentó.

De hecho, como ya fue documentado en innumerables ocasiones, las propias autoridades extorsionaron a los migrantes. En Sonora, por ejemplo, las organizaciones documentaron 64 casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes de la PF y 49 por la Policía Preventiva y Tránsito Municipal (PPTM).

En la estación de tren Nogales, entre abril de 2014 y febrero pasado "más de 60 migrantes reportaron haber sufrido tortura, tratos crueles (golpes, amenazas o insultos) y discriminación por parte de fuerzas federales", se denuncia en el informe.