•  El decretazo presidencial que se publicó el lunes pasado, violenta gravemente la Constitución Política y es un atentado directo al principio de división de poderes.

•       Los senadores de Movimiento Ciudadano solicitaron a la ex ministra de la SCJN y hoy presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, que interponga la controversia constitucional.

Movimiento Ciudadano entregó hoy una solicitud firmada por coordinadores de diferentes grupos parlamentarios solicitando a la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, que interponga una controversia constitucional contra el decreto publicado el lunes pasado que cataloga todas las obras de infraestructura del Gobierno Federal, como asuntos de interés público y de seguridad nacional.

“Este acuerdo se aparta gravemente y violenta nuestra Constitución Política nacional; es un atentado directo al principio de la división de poderes”, expresó el senador Noé Castañón a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

“Este acuerdo excede la esfera de competencias que tiene el Ejecutivo federal y legisla en materia de obras y asignaciones facultad exclusiva de este Senado y su homóloga, la Cámara de Diputados, se está vulnerando el estado de derecho, se está introduciendo en la vida interna y facultades de esta Cámara”.

La demanda de controversia constitucional tiene que ser suscrita o interpuesta por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Usted, señora presidenta, sin duda al haber sido una de las ministras más brillantes y destacadas de la SCJN y que siempre sus resoluciones fueron apegadas al marco constitucional, en su facultad de representación de las senadoras y senadores, pedimos que suscriba la controversia constitucional”, dijo Castañón.

“Cito sus palabras, ‘una mujer interpreta de manera distinta; una mujer actúa de manera distinta’, y por tanto, en congruencia no de la declaración, sino de la acción, pedimos que sea usted quien interponga la controversia constitucional que estamos solicitando”.

El senador Clemente Castañeda, calificó el decretazo presidencial como un abuso de autoridad y un atropello al Estado de derecho. Subrayó que obstaculiza el acceso a la información sobre estos proyectos; bloquea el ejercicio de derechos como los amparos; y representa un retroceso al sistema de planeación nacional pues cualquier ocurrencia será ejecutada como una obra pública prioritaria.

“Con el decretazo presidencial, el Gobierno Federal está cayendo en una especie de autoritarismo y, particularmente, en lo que nosotros podemos denominar, un Estado de excepción en materia administrativa y de reconocimiento de derecho”, dijo el senador Castañeda.