Con políticas públicas y más mecanismos la sociedad será más escuchada

11 de abril de 2019

Con algunos cambios en la sesión plenaria, el Congreso del Estado aprobó la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, que tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades estatales de todos los órdenes de gobierno, en la promoción e implementación de los mecanismos de participación de los ciudadanos.

La iniciativa fue presentada por el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez y dictaminada por las comisiones de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, y Puntos Constitucionales y Electorales, presididas por las diputadas Mariana Fernández Ramírez y Claudia Murguía Torres, dada su importancia y trascendencia para que los ciudadanos tomen parte activa en las decisiones políticas y gubernamentales.

En la tribuna, la Diputada Fernández Ramírez manifestó que en el análisis de la iniciativa participaron más de 25 organizaciones de la sociedad civil, más de 170 personas y se abrió el diálogo para sus aportaciones. Antes de la aprobación de dicha legislación, al día de hoy más de 80 municipios de la entidad ya votaron a favor la reforma constitucional sobre la participación ciudadana.

Ahora será más sencillo acceder a los mecanismos contra actos de gobierno, leyes o reglamentos, ya que antes se solicitaban 30 mil firmas y ahora sólo con tres mil se puede obtener un plebiscito o referédum, por ejemplo. Igualmente será más fácil que los ciudadanos puedan citar a comparecer a los diputados, a los presidentes municipales o al gobernador, sobre rendición de cuentas.

También se incluye la justicia abierta, congreso abierto y gobierno abierto, a fin de que la sociedad tenga acceso a decisiones que se tomen. Lo mismo en el caso del presupuesto participativo, a fin de implementar proyectos sociales en los municipios. Es decir, que la gente siempre esté participando, y aclaró que el proceso de los mecanismos y sus resultados estarán a cargo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Por su parte, la Diputada Ana Lilia Sandoval García también se refirió a la trascendencia de empoderar a los ciudadanos, al manifestar que se podrán escuchar todas las voces, al dotarla de todas las herramientas necesarias para gobernar, legislar y hacer justicia de forma recta, por lo que agradeció la participación que se presentó para lograr esta ley, más allá de banderas partidistas, a través de las comisiones que dictaminaron, así como a la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra y exhortó a la sociedad a que la utilicen.

Consejo de Participación

Se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, el cual estará integrado por 15 Consejeros: el o la titular de la Secretaría, Diputado o la Diputada que presida la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana, el o la Consejera Electoral que encabece la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral; una persona integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

Asimismo, un representante de las universidades, del sector empresarial, de la sociedad civil organizada del Área Metropolitana de Guadalajara, del interior del  Estado, de los pueblos originarios, del movimiento de mujeres y/o feminista, de la comunidad LGTTTIQ+, de las juventud, de la comunidad de adultos y de las asociaciones de padres de familia. El Consejo será designado en el Congreso, por insaculación, mediante convocatoria pública que emita la Comisión de Participación Ciudadana.

Promover la participación ciudadana y los mecanismos necesarios; requerir información a los poderes, entidades públicas, organismos autónomos y organizaciones, respecto del cumplimiento de las políticas públicas en esa materia; difundir las convocatorias y los resultados de los mecanismos respectivos; emitir recomendaciones públicas de participación ciudadana y popular; y evaluar de las políticas públicas correspondientes. Será presidido por uno de los consejeros ciudadanos (del 5 al 15), la presidencia será rotativa y durará 1 año.

 

Dada la importancia de hacer más accesibles los mecanismos de participación ciudadana y optimizar su activación, de acuerdo a la naturaleza de uno de ellos y a los distintos niveles de gobierno que pueden implementarlos, se establecen los procedimientos respectivos, determinando en cada caso, ante quién se presenta la solicitud, quién verifica los requisitos, quién determina su procedencia, quién organiza el mecanismo, etc.

Los ayuntamientos deberán tener consejos municipales para garantizar el derecho a la participación de todos los habitantes del Estado. En los casos en que no cuenten con éstos,  podrán suscribir un convenio con el Consejo de Participación para que se implementen los mecanismos.

El costo de la organización de los procedimientos de participación que soliciten los ciudadanos, será a cargo de los ayuntamientos o del Gobierno del Estado, según el ámbito de cada mecanismo, y cuando no cuenten con recursos para implementarlos, pueden solicitar que la Secretaría de la Hacienda Pública proporcione los recursos del erario estatal. 

La Secretaría de la Hacienda Pública deberá proporcionar en cada caso al Instituto, los fondos que sean necesarios para la organización de las jornadas de participación que le correspondan.

Los mecanismos de participación, son: Plebiscito, Refreréndum, Ratificación Constitucional, Iniciativa Ciudadana, Ratificación de Mandato, Consulta Popular, Presupuesto Participativo, Comparecencia Pública, Proyecto Social, Asamblea Popular, Ayuntamiento Abierto, Colaboración Popular, Planeación Participativa, Diálogo Colaborativo y Contraloría Social. Queda pendiente la Revocación de Mandato, hasta que se resuelva a nivel federal.

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