En México existen más de ocho mil indígenas que se encuentran "compurgando" penas en los centros penitenciarios por carecer de defensores de oficio que hablen su lengua.

 

En todo el país sólo existen 28 defensores públicos que conocen y hablan lenguas indígenas y dicho número tan limitado aumenta las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas para acceder a la justicia.

 

Por ello, el Pleno del Senado de la República exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas a que incorporen a su legislación secundaria, orgánica y procesal, las normas necesarias que hagan efectivo el derecho de acceso a la justicia de este sector de la población.

 

El dictamen convoca a los gobiernos locales, al Poder Judicial de los estados, a sus organismos garantes y de defensa de los derechos humanos, a celebrar convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) a fin de acceder a los servicios de traducción e interpretación, a través del Padrón Nacional que tiene a su cargo.

 

Lo anterior, debido a que existen más de ocho mil indígenas que se encuentran "compurgando" penas en los centros penitenciarios de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, por carecer de una defensa adecuada.

 

Entre 2013 y 2014 han salido de la cárcel dos mil 275 indígenas, de ellos 218 mujeres, que en su mayoría hablan náhuatl, zapoteca, maya, tzeltal y tzotzil, viven en zonas rurales, se dedican a actividades manuales y se encuentran dentro de los rangos más bajos de pobreza, advierte el punto de acuerdo.