A nombre de la Comisión de Protección Civil, la diputada Zuleyma Huidobro González, dijo que el manejo de estos recursos es poco claro y prevalecen las prácticas de opacidad y corrupción; además existe dilación, negligencia e indolencia de las autoridades en la entrega de los recursos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad, con 436 votos, el dictamen que reforma el artículo 63 de la Ley General de Protección Civil para incorporar dentro de las disposiciones administrativas del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), los principios de inmediatez, honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la entrega de recursos a la población en caso de emergencia. A nombre de la Comisión de Protección Civil, la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, explicó que para que una entidad reciba los recursos provenientes del Fonden, se requiere de una serie de trámites burocráticos y su autorización depende en gran medida de las decisiones tomadas por los tres niveles de gobierno. No obstante, dijo, el manejo de estos recursos es poco claro y prevalecen las prácticas de opacidad y corrupción; además, continuó, existe dilación, negligencia e indolencia de las autoridades en la entrega de los recursos. En esta tesitura, abundó, la reforma busca establecer los principios sobre los que deben diseñarse las disposiciones administrativas y la manera en que se deben ejercer los fondos integrales de gestión de riesgo. "Aprobamos plenamente que el ejercicio del patrimonio del Fonden se practique con el máximo grado de honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas, ya que es una demanda ciudadana que estamos obligados a impulsar y a defender. Ya no podemos seguir permitiendo que se lucre con las necesidades de la población afectada y que los programas sociales se usen como instrumento de botín político de los gobiernos estatales", expuso. Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos (PRI), respaldó el dictamen, a fin de beneficiar a la población vulnerable a desastres naturales, y dijo estar convencido de que el logro de la transparencia y la eficacia en la gestión, es tarea sustancial del actual gobierno. No podemos olvidar, dijo, que de acuerdo con organizaciones ambientales internacionales, México se encuentra en un estado de franca vulnerabilidad frente al cambio climático por su situación geográfica, y sus condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas. David Cuauhtémoc Galindo Delgado del PAN, coincidió en que el cambio climático ha propiciado una transformación relevante en los fenómenos naturales. "Lluvias atípicas, inundaciones, severas sequías, movimientos telúricos y volcanes en actividad, representan un tema que el Estado, a través de los órdenes de gobierno, debe atender de manera urgente e inmediata, dejando de lado cualquier trámite burocrático", opinó. Afirmó que la atención pronta, inmediata, eficiente y eficaz de la sociedad civil que se ve afectada por algún desastre natural es una de las principales obligaciones de los gobiernos municipales, locales y, por supuesto, del gobierno federal, en lo que se refuerza la observancia y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas. El diputado perredista Arturo Cruz Ramírez, consideró que el Estado está obligado a implementar las medidas necesarias para apoyar a la población, a los gobiernos municipales y estatales, para aminorar las consecuencias derivadas de un desastre; por ello, señaló, es necesario vigilar que esos recursos lleguen a sus destinatarios de una manera pronta. "El trámite de declaración y liberación de los recursos no debe tener connotaciones partidistas, no deben privilegiarse municipios o estados en razón del partido que los gobierna. Si se aplican los principios de honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos, ayudaría a aminorar las vicisitudes por las que atraviesan las familias que fueron vulneradas por una emergencia o desastre natural", subrayó. Ernesto Núñez Aguilar del PVEM, mencionó que de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, México es susceptible a desastres naturales por su situación geográfica, al grado de que en las en las últimas décadas ha dejado daños considerables, con una pérdida promedio anual de 100 vidas humanas y más de 700 millones de dólares. Agregó que la reforma a la Ley General de Protección Civil sentaría las bases para que las solicitudes de los recursos del Fonden por parte de los estados y municipios sean entregados de manera inmediata, eficiente, eficaz, transparente, racional y con estricto apego a la transparencia y rendición de cuentas. Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, opinó que el Fonden tiene que ser un instrumento transparente y expedito para resolver desastres naturales, por lo que su grupo parlamentario está a favor de todo aquello que abone a fortalecer al Sistema Nacional de Protección Civil. Indicó que nada afecta más a este tipo de tragedias que los burocratismos, la ineficacia, la negligencia y la corrupción. "Medrar y lucrar política y económicamente con los desastres, es un crimen inadmisible que no admite ninguna contemplación". José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, destacó que si bien hay avances sustanciales en materia de Protección Civil, se tienen múltiples y diversos escenarios de riesgos potenciales que nos obligan a perfeccionar la legislación, con el único afán de hacer más agiles y eficaces los protocolos y políticas de acción frente a los desastres.