Malas noticias desde el Poder Judicial: Hugo Luna

Jal.| 12 jul. 2014
Esta fue una mala semana para Jalisco porque la impartición de la justicia seguirá secuestrada por los intereses de las cúpulas del poder. Hace unos días, los diputados del PRI, PRD y la mayoría de los del PAN, "premiaron" a 5 magistrados del Poder Judicial extendiéndoles por 10 años más sus cargos. Los beneficiados fueron Sabás Ugarte Parra y Federico Hernández Corona, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STEJ); y los magistrados del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba Gómez, Armando García Estrada y Horacio León Hernández. Adicionalmente se votó la salida del magistrado Antonio Fierros del STEJ y los magistrados del TAE, Patricia Campos González y Víctor Manuel León Figueroa. En el proceso no se tomó en cuenta la opinión de los colegios y barras de abogados, ni se escuchó a las universidades. Simplemente fue un acuerdo de repartición de posiciones: tres para el PRI y dos para el PAN. La preocupación nace porque las decisiones de los magistrados impactan la vida de todos. Sus acciones deben apegarse a la ley, preservando el estado de derecho. Sin embargo, al venir de una repartición de cuotas pierden la imparcialidad. Recordemos que los magistrados del TAE permitieron la instalación de gasolineras en contra de la opinión de vecinos y de la reglamentación municipal, solaparon el derribo de casas con valor patrimonial y aprobaron la construcción de moteles, casinos y fraccionamientos de manera irregular. Lamentablemente, las razones detrás de las ratificaciones son político-partidistas y no técnicas. En el Poder Judicial se ha tejido una red de complicidad donde prevalecen los intereses del Gobierno del Estado y de determinados grupos políticos. Esta fue una buena semana para un magistrado que se ha burlado de la ley: Armando García Estrada, quien gana al mes 205 mil 985 pesos (casi lo mismo que el presidente de la República). El magistrado ratificado fue el padre de los amparos a favor de los mototaxis piratas, las gasolineras ilegales y los edificios en zonas habitacionales de baja densidad.
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